¿Qué hacer en tiempos de coronavirus?

Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro[1]

12 de abril del 2020

Ecuador ya vivía un estancamiento económico de más de cinco años, un empleo deteriorado y una deuda externa cuyo pago desangra de forma permanente al país. Semejante escenario crítico se va transformando en una barbarie con la llegada del coronavirus (COVID-19): cientos de familias devastadas por la muerte de algún familiar, cadáveres por doquier en Guayaquil, cientos de trabajadores de la salud contagiados, masivos despidos intempestivos, más y más empresas al borde de la quiebra, negocios informales en la debacle, y miles de personas que se debaten entre morirse de hambre o morirse de coronavirus al buscar el sustento diario en las calles.

En medio de ese caos, el gobierno de Lenín Moreno, que hecho gala de insensibilidad y de desorientación, ha presentado una serie de medidas económicas, entre las cuales se puede destacar:

• Renegociación de la deuda externa y más financiamiento: en concreto se aspira aplazar los pagos de intereses de la deuda con bonos y liberar 811 millones de dólares hasta agosto. A esta renegociación se agregarían casi 581 millones de créditos con organismos multilaterales.
• Contribución sobre ingresos de personas naturales: se aplica una tasa progresiva sobre los ingresos mensuales de personas naturales (tanto trabajadores públicos como privados y cuentapropistas) superiores a 500 dólares al mes. La medida se aplicaría por 9 meses, esperando obtener entre 650 y 800 millones de dólares, de los cuales unos 125 millones implicarían un ahorro en el pago de salarios de servidores públicos.
• Contribución sobre ganancias de grandes sociedades: se aplica una tasa de 5% sobre las utilidades de aquellas empresas con utilidades que superen al millón de dólares (contribución a pagarse en tres cuotas), buscando obtener 500 millones de dólares.
• Medidas varias: incluyendo modificaciones legales para que ninguna persona quede en la calle por retraso en pago de arriendos; aumento de la cobertura de salud del IESS a desempleados; ampliación de la cobertura del seguro de desempleo; otorgamiento de créditos de liquidez para empresas; reducción del 50% del sueldo de los altos funcionarios del gobierno; entre otras.

Sobre la renegociación de la deuda externa, remitiéndonos a las experiencias acumuladas, no se augura ninguna mejora sustantiva si las reglas de los acreedores terminan siendo aceptadas pasivamente por el país. De ser ese el escenario, los alivios que se podrían obtener serán pasajeros: se obtendría liquidez por unos meses, pero el Ecuador mantendrá la senda del ajuste fondomonetarista, con una inserción cada vez más profunda en el mercado mundial como país exportador de materias primas en un mercado mundial cada vez más incierto. Bajo tales circunstancias, será muy difícil – o hasta imposible – superar esa tendencia perversa de alcanzar mejoras de competitividad con una creciente flexibilización laboral y ambiental.

En cuando a la medida enfocada a pedir contribuciones a sociedades, a primera vista, hay un tono peculiar e incluso empieza a denotarse un –todavía lejano– potencial carácter redistributivo. Decimos esto pues, bien o mal, cabe reconocer que el gobierno al fin estaría aplicando políticas focalizadas que cargan algo de los costos de la crisis a los sectores de mayores ingresos. Cabe considerar que en 2019 solo 781 empresas obtuvieron más de un millón de dólares de utilidades; es decir, la afectación se daría sobre un número limitado de empresas. De todas maneras, el aporte del 5% de las utilidades no resulta una cantidad que se compadezca con el lucro acumulado en los últimos años sobre todo de las más grandes empresas del país. Apenas como ejemplo, en 2018 (último dato disponible) apenas 14 empresas obtuvieron más de 2 mil millones de dólares en utilidades brutas (destacando Corporación Favorita, Claro, Andes Petroleum, Cervecería Nacional, Schlumberger, entre otras). Gran parte de estas empresas pertenecen a importantes grupos económicos sobre los cuales podría exigirse una mayor contribución, más aún al considerar casos como las telefónicas (p.ej. Claro) que han registrado beneficios superiores al 90% (noventa por ciento) al año sobre su patrimonio.

También cabría exigir una mayor contribución por parte de la banca, recordando que entre 2007-2016 dicho sector obtuvo 2.820 millones de dólares en utilidades. Para colmo, en los últimos años la banca ha seguido lucrando como nunca, incluso en medio de una economía en crisis, al punto de obtener 1.566 millones de dólares en utilidades entre 2017-2019. Ante semejante edad dorada de la banca, la contribución de 5% de utilidades se queda corta. Así, tanto para la banca, como para los grandes grupos económicos, debería superar la tasa propuesta por el gobierno e incluso cabría pensar en aplicar otras tasas, en especial sobre el patrimonio, sobre recursos en el exterior, y similares. Asimismo, se deberá exigir que empresas y bancos no puedan usar las contribuciones, ni ningún otro tipo de donaciones (muchas cargadas de propaganda y maketing), como mecanismos para descontar el pago de tributos tales como el impuesto a la renta (cuya recaudación sin duda sufrirá un duro golpe a causa de la paralización económica asociada al “distanciamiento social” en tiempos de pandemia). A su vez, en el caso de empresas que no dispongan de liquidez y no puedan traer recursos del exterior, se podría pensar en medidas tales como el uso de subsidios en bonos, dinero electrónico u otros mecanismos que ameritan una discusión más amplia.

Respecto a la contribución que se aplicaría sobre los ingresos de personas naturales, es necesario hacer algunas puntualizaciones:

• Según información de las encuestas de empleo del INEC para diciembre de 2019, solo 2 millones de personas alcanzaron un ingreso laboral mayor a 500 dólares al mes (alrededor de 25% de todos los trabajadores del país), mientras que apenas 524 mil personas obtuvieron un ingreso mayor a 1.000 dólares mensuales (alrededor de 6,5% de todos los trabajadores).
• Según la misma información del INEC, el ingreso laboral promedio de los empleados públicos llegó a casi 1.015 dólares mensuales, mientras que los empleados privados obtuvieron unos 565 dólares, los cuentapropistas llegaron a 308 dólares y los jornaleros o peones apenas a 286 dólares mensuales.
• Según las tasas de contribución planteada por el gobierno, quienes obtengan ingresos laborales menores a 1.000 dólares mensuales contribuirían con menos de 20 dólares al mes por nueve meses. Dicho en otras palabras, las contribuciones mayores a 20 dólares al mes recaen en menos de 600 mil trabajadores.

Teniendo en mente estos detalles, por un lado, llama la atención que el gobierno aspire a obtener más recursos de contribuciones de personas naturales (650 a 800 millones) que de sociedades (500 millones), cuando sería más entendible lo contrario, sobre todo recordando cómo un puñado de empresas y bancos han alcanzado utilidades millonarias aún en tiempos de crisis. Por otro lado, sobre las contribuciones de las personas naturales, es necesario refinar la medida, sobre todo: (i) exonerando a grupos vulnerables que enfrenten calamidades domésticas u otros gastos excepcionales y para quienes la medida pueda deteriorar su calidad de vida; (ii) suavizando la medida en el caso de trabajadores que sean el único sostén del hogar, hasta en un determinado monto; (iii) exonerando la medida a aquellos trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia.

A estas opciones se podría incluir reformas más profundas. Por ejemplo, se podría pensar en pagar con dinero electrónico a todos los servidores públicos que ganen más de 1.500 dólares al mes; dicho dinero electrónico podría usarse para comprar – con descuento – combustibles, electricidad y otros servicios públicos, así como para pagar tasas impositivas más bajas (con la condición de que dicho dinero no sea inmediatamente convertible a dólares físicos).

Aquí también cabe una breve reflexión económica. Se podría pensar, a priori, que las contribuciones personales podrían contraer la demanda agregada al reducir el consumo de los hogares. Sin embargo, se entiende que las contribuciones van a financiar al gasto en salud, lo cual en cambio, de cierta forma, expande la demanda agregada. Si bien no se puede conocer el resultado de ambos efectos, también se debe tomar en cuenta que en muchos casos la propia actividad económica limitada por el “distanciamiento social” –y la incertidumbre propia de la crisis– lleva a que muchos sectores de ingresos medios y altos saquen de circulación el dinero y lo atesoren. En dicho caso, la recaudación de contribuciones para financiar los gastos en salud hasta podría dar un ligero impulso a la demanda agregada. Ya este tema abre las puertas para repensar la dinámica económica tanto en tiempos de pandemia como en el futuro cercano.

En resumen, las medidas de contribución de personas y sociedades muestran una perspectiva distinta a otras propuestas económicas del morenismo. Sin embargo, existe una deficiencia grave pues el gobierno de Moreno ha propuesta que los fondos recaudados de dichas medias financien un fideicomiso que no sería administrado por el Estado, sino por ocho “representantes de la sociedad civil”. Este es un punto inaceptable, pues básicamente el morenismo da a entender que el gobierno no tendría las capacidades para garantizar que los potenciales recursos por obtener (más de mil millones de dólares) puedan manejarse de forma eficiente y, sobre todo, sin ser víctimas de una potencial corrupción estatal: ¿tanto desconfía el gobierno de sí mismo (cual trastorno psiquiátrico), o es que hay presiones de grupos privados que anhelan tomarse el nombre de la sociedad civil para aplicar una discrecionalidad privada al manejo de recursos obtenidos vía mecanismos estatales?

Si realmente se desea que los recursos que se lleguen a obtener de las contribuciones de personas naturales y sociedades se usen de forma transparente y “evitar” la corrupción, lo que se podría hacer es constituir adecuadas veedurias ciudadanas. Es más, se podría pedir a la Comisión Nacional Anticorrupción que coordine dichas veedurías, incluso con apoyo de alguna instancia especializada de Naciones Unidas contra la corrupción (recuérdese la misión contra la corrupción que Naciones Unidas envió a Guatemala, por ejemplo). Y la ejecución de los diversos proyectos y tareas que se financiarían con los recursos recaudados podrían estar en manos de los gobiernos autónomos descentralizados en coordinación con especialistas que conozcan las particularidades de los sistemas de salud y alimentación de cada territorio, por ejemplo.

Hay cientos de personas que están muriendo… muchas por culpa del coronavirus, pero otras incluso por dolencias menos complejas que podrían ser tratadas de existir los recursos suficientes y las políticas adecuadas. Por ello, dejamos algunos elementos para la discusión: quizá es hora de admitir que, para evitar una tragedia mayor a la que ya vivimos, necesitamos no solo de la ayuda humanitaria internacional, sino que nos urge dar un golpe de timón en el manejo político que empiece por cobrar inmediatamente todos los impuestos pendientes, que suspenda el pago de la deuda externa, que desprivatice el sistema de salud, que avance hacia la socialización de la banca, que recupere para el Estado el manejo del dinero electrónico, que propugne una profunda transformación agraria, que concrete un aumento del impuesto a la herencia de las grandes fortunas… Y todo esto en clave de las necesarias transiciones post-extractivistas, que permitan que el país vaya superando la perversa dependencia que tiene de la producción primario exportadora.

Esta es la oportunidad para que, sin minimizar el potencial de la ayuda internacional genuina y de una solidaridad sustentada en la justicia social, construyamos las bases para políticas redistributivas que vuelvan a nuestra sociedad menos desigual, incluso al momento de enfrentar a la propia muerte: redistribución o barbarie, así de contundente es la realidad en tiempos de pandemia.–

[1] Economistas ecuatorianos.